Tras la polémica generada en redes sociales por una multa de $ 2.838.750 aplicada a un vecino de Ramallo, el Juzgado de Faltas se refirió al sentido de las sanciones y recordó que las normas de tránsito tienen como objetivo principal prevenir accidentes y proteger la vida.

El caso surgió luego de que un motociclista cuestionara públicamente el monto de la multa, que contempló distintas infracciones vinculadas con la documentación, la licencia de conducir, el seguro, la patente y el uso del casco.

Desde el organismo señalaron que estos requisitos no constituyen simples formalidades. La licencia acredita la habilitación para conducir, la documentación permite identificar al vehículo, el seguro garantiza cobertura ante eventuales daños a terceros y el casco reduce el riesgo de lesiones graves.

El Juzgado remarcó además que, cuando se acumulan varias infracciones, la sanción se determina dentro de los parámetros establecidos por la normativa vigente. En ese sentido, sostuvo que el monto no guarda relación con el valor económico del vehículo.

Las multas se expresan en Unidades Fijas y su valor se actualiza a nivel provincial, mientras que el juez determina la sanción dentro de los rangos previstos para cada infracción.

El organismo sostuvo que las sanciones buscan no solo castigar, sino también generar un efecto preventivo y disuasorio.