El Municipio de Ramallo atraviesa una situación crítica a raíz del conflicto con la empresa Ternium Siderar, que desde hace meses no abona en su totalidad la Tasa de Seguridad e Higiene, uno de los principales ingresos que sostienen el funcionamiento local.

La tasa, regulada por ordenanza y aprobada por unanimidad hace más de una década, establece que cada empresa debe tributar en función de su facturación y cantidad de empleados. Sin embargo, Ternium Siderar dejó de pagar el monto completo, generando un fuerte desfinanciamiento. De los 1.200 millones de pesos mensuales que deberían ingresar, el municipio solo recibió 289 millones, mientras el resto fue derivado a una cuenta judicial.

El impacto es inmediato: dificultades para pagar salarios, mantener servicios públicos, adquirir insumos sanitarios y continuar obras de infraestructura. También se ven comprometidos programas sociales, de salud y de seguridad, pilares esenciales del funcionamiento municipal.

Ramallo depende en gran medida de la recaudación industrial. Por eso, el conflicto no solo es legal o político, sino profundamente social: afecta directamente la calidad de vida de los vecinos y limita la capacidad de respuesta del Estado local.