El conflicto en torno al proyecto portuario en Costa Pobre sumó este lunes un nuevo episodio que reavivó la tensión entre la empresa a cargo de la iniciativa y los vecinos del barrio. A través de redes sociales se difundieron imágenes que muestran la colocación de un portón sobre la traza que muchos identifican como la continuidad de la calle Traverso, señalizado como propiedad privada, lo que generó preocupación por la libre circulación en la zona.

Vecinos que impulsaron la presentación judicial que derivó en la medida cautelar confirmaron la existencia del portón, aunque señalaron que al momento de su presencia se encontraba abierto. Sin embargo, advirtieron que el camino quedó en muy mal estado tras trabajos realizados días atrás, volviéndose prácticamente intransitable para motos, automóviles y vehículos de baja altura.

Desde la empresa, su referente Carlos Bauzas sostuvo que no habían recibido notificación formal de la cautelar y que la colocación del portón responde a que el acceso se encuentra dentro de una propiedad privada. También explicó que estaba previsto continuar con las tareas, aunque ello no fue posible debido a las lluvias, y aclaró que la decisión de mantener abierto el portón, al menos por ahora, fue adoptada por la propia firma.

En contraposición, vecinos y vecinas denunciaron que, pese a la orden judicial de “no innovar”, durante la jornada se habría registrado movimiento de maquinaria y personal en el predio. Según manifestaron, estas acciones contradirían la resolución que ordena suspender toda actividad hasta contar con las habilitaciones ambientales correspondientes.

La colocación del portón generó inquietud en la comunidad, ya que se trata de uno de los accesos históricos al barrio. Los habitantes alertaron que un eventual cierre permanente podría dificultar el ingreso y egreso de vehículos particulares y de servicios esenciales, como ambulancias y móviles de emergencia. Ante este escenario, reclamaron la intervención de la Justicia y del Municipio para garantizar el cumplimiento de la cautelar y preservar la seguridad y los derechos de las familias de Costa Pobre.