Por Martín López Lastra.

La cuenta regresiva hacia el mes más conflictivo de la gestión Daniel Scioli parece convertirse en un hecho más que sensible para el oficialismo.  Marzo es el inicio del año real y la previa no es sólo ver pasar las hojas del calendario.   En otros años pudo ser esa la postal de la tranquilidad.   Pero salvo su primer trimestre en el poder, los albores del 2009 y 2010 han sido penosos y sacrificados en cuanto a tensión con quienes demandan mejoras desde el Estado.

Además de ver, en ese mes, en la plenitud de su funcionamiento al estado, con la totalidad del personal reintegrado a sus funciones, también se verá de qué manera se concretan ciertos compromisos financieros con proveedores de distintos rubros, aquellos encargados de suministrar insumos y bienes para la normal actividad en escuelas, comedores, instituciones de seguridad, obras públicas, cárceles y demás dependencias estatales.

Con muchos de ellos ya hubo algún acuerdo de pago en bonos.  El gobierno bonaerense se ufana de haber reducido en un alto porcentaje esa deuda, pagando en papeles provinciales y el resto en efectivo.  Cerca de quinientos millones de pesos evito de desembolsar el fisco provincial.

Esto se logró no sólo por habilidad oficialista sino como fruto de intensas negociaciones donde contratistas de distintos rubros accedieron.  En el medio de esas negociaciones a muchos les quedó un sabor amargo de haber colaborado entre uno y dos meses gratis para el Estado de acuerdo con sus cálculos.  Pero esto y la alternativa de no cobrar un centavo los llevó a este acuerdo.

La expectativa era que, tras este episodio con final feliz, todo volviera a la normalidad. Los proveedores aspiran a ver algo que pareció una especie en extinción durante el último semestre  como la realidad de un pago a treinta días y en efectivo. Por ahora no se perciben esas señales con claridad.

En el gobierno bonaerense tienen la sensación que lo peor ya pasó en su conflicto con los proveedores. Este tipo de problemas siempre significa una mecha encendida que no suele tener mucha prensa hasta que explota justamente a raíz de los incumplimientos.

Pero en plena mecha encendida se encuentra el conflicto salarial no sólo con docentes, sino con todos los sectores de la administración pública.  Los que no trabajan en la educación agregaron tal vez algún condimento explosivo al manifestar su rechazo al protocolo oficial de atención cronológica y sucesiva y no simultánea y así lo hicieron saber en más de una ocasión.

La pulseada es una película repetida porque los sucesivos gobiernos siempre utilizan el acuerdo con los docentes como pauta o patrón para condicionar a las demás organizaciones sindicales.

El gobierno no está dispuesto a apartarse de la tradición, pero parece que ha dispuesto acelerar en algo los tiempos. Tras la paritaria nacional educativa, donde sólo quedó en claro un incremento del incentivo, ante pedidos de un básico de  mil 900, reabre las negociaciones.

Tras un importante papelón que sufrió hace unos quince días, cuando anunció una reunión y luego fue desautorizado por su jefe de Gabinete, Alberto Pérez, Mario Oporto convocó -esta vez si parece que es real- a una reunión con todos los gremios docentes que integran las paritarias provinciales.